• Se reclamará la fijeza en el puesto de trabajo para el personal contratado en fraude de ley.
• 60.000 personas tienen en el conjunto de las Administraciones Públicas extremeñas un contrato temporal.

Como ya os hemos ido contando 4 mujeres solidarias, un hombre y la trabajadora de Gijón tienen una condena de cárcel y multa por el mero hecho de haberse solidarizado utilizando únicamente herramientas sindicales legales con una trabajadora que estaba siendo acosada.  También ha habido, como ya os hemos dicho, una fuerte multa, de casi 125.000 €, que ya ha pagado la CNT… Pero hay más gastos y con ese objetivo, la CNT, con la colaboración del Grupo Sofitu a las 6 de La Suiza, presenta esta campaña de crowdfunding. Con ella intentamos conseguir los fondos necesarios para afrontar los gastos de las presas dentro de la cárcel, la crianza de sus hijos, el mantenimiento de sus viviendas y otros gastos básicos imprescindibles.

 

Pero esta campaña de crowfunding es también una voz de denuncia...
Porque hay que revisar el Código Penal para que no se pueda castigar a los trabajadores y trabajadoras por el simple ejercicio de sus derechos básicos...

 

La cantidad a conseguir son 70.000 €, que es el cálculo estimado para poder hacer frente, como os hemos indicado más arriba, a multas, gastos en prisión, gastos judiciales y gastos personales y de cuidados. Para aportar la cantidad que puedas y tener más información haz clic en el siguiente enlace:

 https://www.goteo.org/project/financiacion-popular-en-apoyo-a-las-6-de-la-suiza

Como ya sabréis, porque la noticia ha sido ampliamente difundida, el Tribunal Supremo ha ratificado la condena de juzgados anteriores a las compañeras de CNT - Gijón encausadas en el caso que es conocido como Las 6 de La Suiza (en realidad son 5 mujeres y 1 hombre). CNT, como no podía ser de otra manera, va a recurrir en todas las instancias posibles, a nivel español y europeo, para que se haga justicia con este caso que supone un terrible ataque al trabajo sindical. Esta Sentencia restringe derechos fundamentales ya que vacía de contenido la acción sindical, se pierde de vista que el sindicato está legítimamente autorizado para realizar actividad sindical y dentro de ella, protestas, comunicados, etc.. Informar a clientes de un conflicto laboral, concentrarse y reclamar derechos nunca pueden constituir delito de coacciones y esperamos que el Tribunal Constitucional ampare el ejercicio sindical y la necesaria presión legítima y legal.

El sindicato afirma que la situación en la hostelería en Plasencia es penosa en la que hay prácticas que se toman como normales, horas extras sin remunerar, control horario inexistente, y falta de pago de salarios.

El sindicato CNT de Plasencia, una trabajadora afiliada y el secretario de acción sindical son absueltos tras ser denunciados en dos ocasiones por la empresa Formanortex, en primer lugar por extorsión y en segundo por realización arbitraria del propio derecho.

CNT quiere manifestar su apoyo a aquellos trabajadores y trabajadoras que, en la empresa Recuperadora Extremeña de Vidrio SL, de Villafranca de los Barros, están luchando por la mejora de las condiciones ambientales en el centro de trabajo y, en general, por las propias condiciones laborales en la empresa.

En CNT hemos empezado a reclamar a TRAGSA la fijeza del personal que trabaja desde hace muchos años en la limpieza de plantas invasoras del río Guadiana. El cambio constante de contratas, subcontratas y subcontratas de subcontratas ha supuesto que no se llegasen a cumplir más de tres años seguidos de trabajo, tiempo necesarios para hacer fijo a los trabajadores y trabajadoras, lo que supone un auténtico fraude de ley que una empresa pública como es Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha permitido, cuando no potenciado.

De nuevo otro segundo domingo de mes, más de 35 caravanas de coches nos ponemos en marcha en toda España para exigir a nuestro gobierno ser escuchados, que se aplique el derecho laboral europeo como en el resto de países, y que se sancione con #FIJEZAYA el abuso de temporalidad cometido con los trabajadores temporales de todas las Administraciones Públicas españolas a falta de otra sanción en nuestro ordenamiento jurídico, tal y como obliga el TJUE.