Dos días después, desde el hospital, Maricarmen dejó un mensaje que resume buena parte de lo sucedido: no había conseguido defender su casa, pero había luchado para que otras personas aprendieran a defender las suyas.

Mientras tanto, Urbagestión, la empresa propietaria, ha planteado que Maricarmen pueda regresar a la vivienda mediante el programa Reviva del Ayuntamiento de Madrid. El consistorio ha rechazado esa fórmula por considerarla inviable en los términos planteados y ha propuesto una mediación.

 Primero se ejecuta el desahucio. Después se busca una fórmula para que la mujer pueda volver. Cuesta encontrar una explicación razonable para semejante absurdo.

 Pero lo ocurrido con Maricarmen no debería quedarse en la indignación de unos días. Su caso pone delante de nuestros ojos un problema que afecta a miles de personas: qué sucede cuando la vivienda se convierte en una mercancía y quienes necesitan un techo tienen cada vez menos capacidad para decidir sobre sus propias vidas.

 Durante años se ha repetido la imagen del pequeño propietario que alquila una vivienda para completar sus ingresos. Existe, naturalmente, pero esa imagen no explica por sí sola cómo funciona hoy el mercado del alquiler.

 El problema también está en la acumulación de viviendas y en el poder económico que concentra. Según un estudio del Ministerio de Derechos Sociales elaborado junto al CSIC, alrededor del 61 % de las viviendas de alquiler habitual está en manos de particulares con varias viviendas, personas jurídicas y entidades públicas. Los particulares con un único inmueble controlan aproximadamente el 39 %.

 El dato ayuda a entender dónde está una parte importante del desequilibrio. Para quien tiene una casa como única posibilidad de vivir, pagar el alquiler no es una decisión entre muchas. Para quien acumula viviendas, el alquiler es una fuente de ingresos.

 Ahí aparece una relación de poder difícil de ocultar: unos tienen las llaves y otros necesitan esas llaves para vivir.

 Mientras los salarios avanzan mucho más despacio que el coste de la vivienda, cada vez más hogares destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler. Y cuando una necesidad básica queda sometida a la lógica de la rentabilidad, la persona que vive en esa casa termina teniendo menos margen para decidir sobre su propia vida. Eso es lo que representa el caso de Maricarmen.

 La derecha parlamentaria dejó clara su posición el 28 de abril. PP, Vox y Junts votaron contra el Real Decreto-ley 8/2026, que permitía prorrogar determinados contratos de alquiler hasta dos años y limitaba al 2 % las actualizaciones de renta en los casos establecidos por la norma. El decreto fue derogado por 177 votos frente a 166, con cinco abstenciones.

 Ese voto forma parte de una defensa política de los derechos del propietario frente a las medidas destinadas a ampliar la protección de los inquilinos. No es una cuestión de discursos: está en las votaciones.

 Pero tampoco basta con señalar a la derecha y mirar hacia otro lado. El Gobierno socialista aprobó aquella norma, pero no consiguió mantenerla en vigor. Después de su derogación ha tenido que volver a negociar nuevas medidas mientras la situación de miles de inquilinos sigue sin resolverse. El propio Ejecutivo ha anunciado nuevos paquetes de vivienda, pero la respuesta institucional continúa dependiendo de decretos, mayorías parlamentarias y acuerdos entre partidos.

 Y ahí aparece una de las grandes limitaciones de esta forma de hacer política: mientras los partidos discuten en el Parlamento, la vida de quienes tienen dificultades para pagar el alquiler no se detiene.

 Para la CNT, el problema no se resuelve esperando que una nueva mayoría parlamentaria encuentre la fórmula perfecta. Su propio modelo sindical parte de la organización de base, la acción colectiva, el apoyo mutuo y la capacidad de las personas afectadas para intervenir directamente en sus conflictos.

 El caso de Maricarmen ha vuelto a atraer a políticos, declaraciones y cámaras. Es lógico que un desahucio como este genere repercusión. También es previsible que algunos intenten convertir esa indignación en capital político. Ya hemos vivido procesos parecidos.

 El 15-M movilizó a cientos de miles de personas y colocó en primer plano problemas que las instituciones llevaban años ignorando. Parte de aquella energía terminó entrando en las instituciones y alimentando nuevos espacios partidarios. Las movilizaciones, sin embargo, no desaparecieron y la cuestión de la vivienda siguió sin resolverse. La historia no obliga a repetir el mismo camino.

 Una lucha social pierde parte de su fuerza cuando quienes participan en ella dejan de decidir sobre ella y pasan a delegar en representantes. El conflicto vuelve entonces a los despachos y la gente a esperar. Pero la respuesta puede ser otra.

 No se trata de elegir quién nos representa mejor, sino de construir organizaciones en las que las propias personas afectadas puedan decidir y actuar. Sindicatos de inquilinos, asambleas vecinales, secciones sindicales, redes de apoyo mutuo y cajas de resistencia permiten convertir un problema individual en una fuerza colectiva.

 Eso ya ha ocurrido con Maricarmen. Durante meses, vecinos, militantes del Sindicato de Inquilinas, activistas y personas solidarias se organizaron para impedir su expulsión. Consiguieron aplazar tres veces el desahucio. Finalmente no pudieron detenerlo, pero demostraron algo que ningún despacho puede fabricar: cuando la gente se organiza, el miedo deja de ser un asunto individual.

 La defensa de una vivienda empieza mucho antes de que llegue la comisión judicial. Empieza cuando un inquilino deja de afrontar solo una subida imposible. Cuando una comunidad de vecinos conoce sus derechos. Cuando se acompaña a quien recibe una notificación judicial. Cuando una caja de resistencia permite sostener un conflicto. Cuando un barrio se organiza para impedir que una familia sea expulsada. Cuando las organizaciones sociales y sindicales se conectan entre sí y comparten recursos, conocimientos y capacidad de movilización.

 También significa vincular la lucha por la vivienda con la lucha en los centros de trabajo. Porque el mismo salario que no llega para vivir tampoco puede sostener alquileres cada vez más altos. La precariedad laboral y la precariedad habitacional forman parte del mismo problema.

 La CNT defiende precisamente esa capacidad de organización desde abajo y la articulación entre las luchas sociales y sindicales. No hacen falta nuevos salvadores ni nuevas procesiones electorales. Hace falta organización.

 Maricarmen permanece ingresada en el Gregorio Marañón y todavía no dispone de una solución estable para regresar al barrio en el que ha vivido durante más de siete décadas. Pero su caso no debería terminar con una solución individual. Porque mañana puede ser otra persona. Y pasado mañana, otra.

 Por eso la respuesta no puede limitarse a esperar la próxima ley, el próximo decreto o la próxima campaña electoral. Frente a quienes acumulan viviendas y frente a un sistema que coloca el beneficio por encima de la necesidad, la herramienta que queda en manos de quienes viven de su trabajo es la misma de siempre: organizarse, apoyarse y actuar colectivamente.

 Solo el pueblo salva al pueblo.