Denuncian la precariedad de 60.000 trabajadores de las distintas
administraciones públicas en Extremadura y de todos los ámbitos, que
suman contratos temporales durante años y años sin que se reconozca su
derecho a la estabilidad. Las administraciones españolas constituyen la
mayor bolsa de temporalidad y precariedad de nuestro país, agravada
mucho más desde la situación pandémica.
Manifiestan que se les penalizan sacando oposiciones de los puestos de
trabajo que están cubriendo con carácter estructural desde hace lustros,
cuando las Ofertas Públicas de Empleo (OPEs) no pueden ser una sanción
puesto que la Unión Europea se ha mostrado bien clara al respecto. Exigen
que se pospongan aquellas que afecten a sus plazas hasta que se adopten
medidas para la detección del fraude en la contratación, se sancione el
abuso de temporalidad y se garantice el cumplimiento de la normativa
europea y nacional.
“Como víctimas de este abuso pedimos que nos dejen en nuestro puesto
laboral ya que hemos demostrado mérito y capacidad con creces, y no
tener que jugárnosla a un examen memorístico después de años y años de
contratos temporales».
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El Tribunal Supremo declaró su situación como «abuso de
temporalidad». La Unión Europea ha instado recientemente al Gobierno
español a que acabe con esta bolsa de precariedad en la Administración.
Este amplio colectivo laboral se queja del abandono al que les tienen
sometidos los sindicatos mayoritarios, UGT, Comisiones Obreras y CSIF.
Asimismo, siguiendo el ejemplo de otras CCAA, el colectivo no descarta
realizar otras medidas de presión, como puede ser una huelga en el ámbito
de toda la Admón. Autonómica, como actualmente ya se está realizando en
la C.A. de Canarias.