Es obsceno que sea la propia Administración, o empresas dependientes de ella, la que cause tanta temporalidad laboral estando como está obligada a cumplir las leyes que el Estado tiene: El artículo 37.1.a del Estatuto de los Trabajadores obliga a hacer fijos a los trabajadores que sobrepasen los 3 años de contrato en la misma empresa ¿no sería lógico y razonable que se cumpliese esta Ley sin que haya que ir a los tribunales?

Desde los diferentes poderes públicos se dan golpes de pecho por la alta temporalidad del empleo que hay en España, cuando son las propias Administraciones las que más precariedad laboral tienen ¿con qué cara van a pedir a las empresas privadas que acaben con la alta temporalidad? ¿No debería ser ejemplarizante la Administración cumpliendo sin más dilaciones sus propias leyes?

Estos días estamos viendo movilizaciones de trabajadoras y trabajadores del SEXPE que están trabajando en situación de fraude de ley; personas que llevan más de 10 años trabajando en el mismo sitio, con las mismas funciones y siguen teniendo su puesto de trabajo en el aire por culpa de la Junta extremeña y de unos sindicatos sumisos y obedientes. Esta situación no se permitiría, por ejemplo, en una empresa cualquiera porque a los tres años ya se estaría solicitando la fijeza en el puesto de trabajo e incluso la propia Inspección lo haría de oficio.

Trabajadoras y trabajadores de TRAGSA y de otras tantas empresas, así como laborales y funcionarios interinos, que se cuentan por miles en la propia Junta de Extremadura, son una prueba de que se ha interiorizado que no va a ver empleo estable, ni público ni privado, por lo que mientras los planes futuros de vida personales estén mediatizados por un salario vamos hacia una sociedad precaria, en la que se viva con miedo al mañana porque quizás no nos llegue ni para una vivienda o poder pagar el recibo de la luz.

TRAGSA debe aplicar tanto el convenio y el Estatuto de los Trabajadores en cuanto a la fijeza de trabajadores y trabajadoras y la CHG debe obligar a TRAGSA, como empresa contratada, a que cumplan escrupulosamente las leyes.