Las alegaciones de CNT cuestionan que el expediente acredite los valores históricos, artísticos o culturales necesarios para otorgar a la cruz la máxima figura de protección patrimonial de Extremadura. La organización señala que existen informes y valoraciones contradictorias entre especialistas y reclama que la Administración analice esas discrepancias con rigor antes de tomar una decisión definitiva.

Para CNT Extremadura, la historia de este monumento no puede separarse del contexto en el que fue levantado. La cruz fue instalada en septiembre de 1937, durante la Guerra Civil, como homenaje a los “caídos de Cáceres”, en un periodo marcado por la violencia política y la represión. La organización sostiene que no puede valorarse únicamente como una construcción arquitectónica, sino teniendo en cuenta su origen, su finalidad conmemorativa y el significado político y simbólico que tuvo durante la dictadura franquista.

CNT rechaza que la modificación posterior de la inscripción del monumento pueda considerarse una verdadera “resignificación” capaz de borrar su origen histórico. A juicio de la organización, cambiar una leyenda no elimina los hechos que explican la construcción de la cruz ni transforma automáticamente el significado que tuvo durante el franquismo.

Uno de los argumentos centrales de las alegaciones es que la Cruz de los Caídos de Cáceres ya ha sido incluida en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, con código CAT-7-2025, mediante resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Según CNT, esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por la Junta de Extremadura antes de continuar con la tramitación del BIC, ya que existe una resolución estatal que establece su retirada del espacio público.

La organización sindical también incide en que la Ley 20/2022 de Memoria Democrática establece la retirada o eliminación de estos elementos, y no su traslado a otro espacio público. CNT considera que no debe confundirse retirar un símbolo contrario a la memoria democrática con conservarlo en otra ubicación.

En este sentido, las alegaciones recuerdan que una declaración como Bien de Interés Cultural no puede convertirse en una vía para evitar una obligación legal. La normativa únicamente contempla excepciones cuando existan razones artísticas o arquitectónicas singulares y protegidas, algo que CNT considera que no ha quedado acreditado en este caso.

La organización recuerda además que el Ayuntamiento de Cáceres ya había abordado en el pasado la cuestión de la retirada de la cruz y que existen antecedentes administrativos sobre su eliminación del espacio público. Para CNT, estos antecedentes muestran que el debate no es nuevo y que la modificación de la inscripción no ha resuelto la naturaleza del monumento ni su significado histórico.

Por todo ello, CNT Extremadura solicita a la Junta de Extremadura que archive el expediente de declaración BIC al considerar que no se han acreditado valores patrimoniales singulares suficientes y que incorpore al procedimiento la resolución estatal que establece la retirada de la cruz. Asimismo, reclama que se valore la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y que, finalmente, se proceda a la retirada completa del monumento de la Plaza de América.

Para CNT Extremadura, la defensa del patrimonio histórico debe realizarse desde el rigor y el conocimiento del pasado, no mediante la descontextualización de símbolos vinculados a la dictadura. La memoria democrática, sostiene la organización, exige que los espacios públicos no sean utilizados para mantener elementos asociados a la exaltación del franquismo.