Por la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres
Las entidades promotoras también han anunciado la presentación de alegaciones contra la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC) promovida por la Junta de Extremadura. Asimismo, se personarán en el expediente para acceder a los informes que sustentan la propuesta y poder cuestionar sus fundamentos.
Las organizaciones memorialistas consideran que la incoación del expediente BIC responde a una decisión política destinada a impedir la aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y mantener en el espacio público un símbolo de la dictadura. La iniciativa se produce además después de que el Gobierno de España hubiera ordenado la retirada de la cruz y su inclusión en el catálogo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
La cruz también figura desde 2018 en el Catálogo de vestigios franquistas de la Diputación de Cáceres. A ello se suma el acuerdo adoptado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres el 16 de diciembre de 2004, que ya establecía su retirada y traslado al cementerio municipal.
Para las organizaciones memorialistas, no se trata de proteger un supuesto patrimonio cultural, sino de cumplir la legislación democrática y retirar del espacio público un símbolo vinculado a la dictadura franquista.
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