Las diferentes administraciones públicas tienen a más de 800.000 personas trabajando en fraude de ley. Mientras en la empresa privada se sanciona de manera contundente para disuadir del uso de la contratación temporal las administraciones públicas, encargadas de hacer cumplir la ley, son las primeras en tener tasas de temporalidad obscenas, sin pagar sanción alguna por ello.

En CNT entendemos que la única manera de disuadir a las administraciones y empresas públicas del abuso de los contratos temporales para ocupar puestos de trabajo estructurales (permanentes) es otorgar la fijeza a todas estas personas que están actualmente trabajando en fraude de ley. Porque es justo, porque es lo que reclamamos cuando se trata de la empresa privada y no podemos hacer diferencias entre trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda.