La afectada ha informado de que el propietario de la vivienda que ocupa habría contratado a la empresa APD Security Iberia, conocida por sus actuaciones de presión y desalojo extrajudicial, con el objetivo de forzar su salida del domicilio. Según su testimonio, la inquilina se encuentra al corriente del pago del alquiler, habiendo tenido únicamente un retraso puntual de dos meses en la factura de la luz.

En los últimos días, miembros de esta empresa se habrían presentado ante ella como “mediadores” entre el propietario y la familia. La situación se ha agravado cuando, según relata la afectada, el casero les habría cedido una vivienda contigua para facilitar su presencia constante. Posteriormente, la mujer ha sufrido daños materiales en su vehículo, primero con la rotura de la luna y después con la destrucción de la parte de la carroceria  del coche. Aunque no puede identificar a los responsables, considera que estos hechos están directamente relacionados con el acoso que está sufriendo.

A ello se suma que, según denuncia, se le ha cortado tanto el suministro eléctrico como el de agua, una práctica que constituye una forma grave de coacción y vulneración de derechos básicos, especialmente cuando en la vivienda residen menores.

La afectada también afirma que, tras un forcejeo producido cuando intentaba acceder a su vivienda —momento en el que asegura haber sido agredida—, se le entregó un documento para que lo firmara. Según su testimonio, firmó dicho documento bajo coacción, aceptando abandonar la vivienda a cambio de 400 euros que todavía no ha recibido. La mujer ha presentado un parte de lesiones junto con la denuncia ante la Guardia Civil.

Asimismo, denuncia que en varias ocasiones se le ha exigido que abandone la vivienda y que, en una de ellas, al salir de su domicilio, no se le permitió volver a entrar, habiéndose cambiado la cerradura sin su consentimiento. Pese a haber denunciado los hechos, se le ha comunicado que, por el momento, no pueden intervenir.

Desde nuestro sindicato consideramos estos hechos extremadamente graves y constitutivos de un posible caso de acoso inmobiliario, coacciones, allanamiento, lesiones, extorsión y vulneración del derecho a la vivienda. Por ello, hacemos un llamamiento a los medios de comunicación, colectivos sociales y vecinales, así como a cualquier persona del Valle que pueda aportar información, para que contribuyan a visibilizar esta situación y evitar que continúe la impunidad en este tipo de prácticas.

Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y de todas aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a abusos inmobiliarios y presiones ilegítimas.