Tras el trágico accidente de la educadora social Belén Cortés en un piso tutelado en Badajoz, los y las educadoras han comenzado a denunciar la precariedad laboral que sufren a manos de las empresas gestoras, así como la dejadez de funciones por parte de la Junta de Extremadura.

Las trabajadoras expresan su preocupación al sentirse desbordadas por la falta de personal. Con un número excesivo de jóvenes a su cargo, no pueden atender adecuadamente a cada uno. Al problema de las ratios excesivas, se une la mezcla de perfiles muy diferentes y/o muy complejos. Deben atender a jóvenes con problemas de conducta, con trastornos psicológicos o discapacidad intelectual que conviven con chicos y chicas que no presenta ninguna de esas problemáticas. Esta falta de atención individualizada pone en riesgo el bienestar y desarrollo integral de los y las menores.

Por todo ello, el sindicato CNT recuerda a la Junta de Extremadura la necesidad urgente de supervisar y regular a las empresas que gestionan estos servicios esenciales para la protección y bienestar de los menores.