• La sentencia, del mismo juez que condenó a los Cándido y Morala, sindicalistas de Naval Gijón, establece además una indemnización de 150.000 euros para el empresario.

• En otras dos causas han sido absueltos de todos los cargos cinco sindicalistas extremeños con motivo del conflicto por la Casa del Pueblo de Trujillo y por supuestas coacciones a un empresario placentino.

• El 23 de abril quedó derogado el artículo del Código Penal que penaba con hasta tres años de cárcel la participación en piquetes de huelga.

Gijón

El magistrado Lino Rubio Mayo, responsable del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, condena a tres años y medio de prisión a cada uno de los siete acusados, por los delitos de coacciones y obstrucción a la justicia. Asimismo, les ha impuesto una inhabilitación de dos años y medio y una indemnización a la Pastelería Suiza que se eleva a 150.428 euros, declarando al sindicato CNT como responsable civil subsidiario. A un octavo encausado que se encontraba en Gijón de paso se le impone una pena de ocho meses de cárcel por grabar un vídeo y publicarlo en su página de Facebook, bajo el delito de coacciones. Los hechos juzgados se produjeron en mayo de 2017 en un contexto de conflicto sindical por una denuncia de acoso sexual de una trabajadora hacia el empresario de Pastelería la Suiza.

CNT Extremadura manifiesta su más enérgica repulsa ante esta sentencia fuera de contexto y anuncia movilizaciones de solidaridad en la Región. La primera concentración se llevará a cabo el 10 de julio a las 12:30h de la mañana en la Plaza Mayor de Trujillo donde se ubican los juzgados de dicha localidad.

En Extremadura

Nuestra región no es ajena a esta ola represiva, aunque no de tal virulencia. El Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Trujillo absolvió el pasado mes de abril a dos afiliados a CNT denunciados por la UGT por daños en el edificio de Patrimonio Sindical Acumulado (PSA) del Ministerio de Trabajo en Trujillo, local que sigue siendo litigado por parte de la CNT en cuanto su derecho de uso pues la Patronal y el resto de sindicatos lo tienen abandonado. Por otro lado en Plasencia, a raíz del despido improcedente de una trabajadora de la empresa FORMANORTEX, la CNT inició una campaña de información y solidaridad a principios de 2020 que trajo como consecuencia una demanda por coacciones del empresario contra tres sindicalistas de la CNT. En este caso con cierta similitud con el asturiano los sindicalistas fueron sin embargo absueltos sin ni siquiera llegar a producirse la vista oral.

Contexto legal

Esta situación que pudiera parecer anómala en una democracia avanzada que reconoce el derecho a la libertad sindical en su Constitución desde hace más de 40 años y regulando su ejercicio en una ley orgánica de 1986 se debe, a ojos de la CNT, a una estructura judicial y legal heredada del franquismo y con unos medios más dignos de aquella época que de pleno siglo XXI. De hecho, hace tan sólo un par de meses se derogó (BOE 23 de abril) el artículo 315.3 del Código Penal, aprobado en 1995, que establecía que "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses". De acuerdo a este artículo hasta 300 sindicalistas han sido juzgados en este país por participar en piquetes de huelga, por ejemplo.